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Los ciudadanos cubanos con formularios I-220A que mantienen solicitudes de asilo o permisos de trabajo pendientes deben distinguir entre sus obligaciones migratorias y los costos específicos aplicables a cada trámite. El I-220A no genera por sí solo una tarifa anual, no concede autorización de empleo y no determina automáticamente qué importe corresponde pagar.
La principal barrera jurídica para numerosos cubanos liberados con formularios I-220A se encuentra en una decisión publicada por la Junta de Apelaciones de Inmigración el 11 de septiembre de 2023. En Matter of Cabrera-Fernandez, 28 I&N Dec. 747, la BIA explicó que el parole condicional asociado a determinadas liberaciones bajo la sección 236(a) es distinto del parole migratorio previsto en la sección 212(d)(5)(A).
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito resolvió el 28 de abril de 2026 que una persona que ingresó sin inspección muchos años atrás, permanecía dentro de Estados Unidos y no fue detenida en la frontera al momento de su entrada no podía ser clasificada automáticamente bajo un régimen de detención obligatoria sin posibilidad de audiencia de fianza.
La Junta de Apelaciones de Inmigración publicó el 5 de septiembre de 2025 una decisión que amplió el debate sobre la detención de personas que se encuentran en Estados Unidos sin haber sido formalmente admitidas. Matter of Yajure Hurtado, 29 I&N Dec. 216, sostiene que los jueces de inmigración carecen de autoridad para conceder fianza en ciertos supuestos regidos por la sección 235(b)(2)(A).
La Junta de Apelaciones de Inmigración estableció en Matter of Roque-Izada, 29 I&N Dec. 106 (BIA 2025) que no procede terminar un proceso de expulsión únicamente para permitir que una persona intente solicitar ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano ante USCIS, cuando la estrategia depende de la expectativa especulativa de que esa agencia conceda parole en el futuro.
Una decisión precedencial de la Junta de Apelaciones de Inmigración, emitida el 20 de junio de 2025, aborda una de las preguntas más frecuentes entre cubanos con I-220A: si una persona está en procedimientos de remoción, ¿quién tiene autoridad para examinar su solicitud de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano?
La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió por unanimidad el 4 de marzo de 2026 que los tribunales federales de apelación deben aplicar un estándar deferente de evidencia sustancial cuando revisan si los hechos establecidos en un expediente migratorio alcanzan el nivel legal de persecución requerido para el asilo.
La decisión Matter of Q. Li, emitida por la Junta de Apelaciones de Inmigración el 15 de mayo de 2025, se ha convertido en una referencia central para abogados que discuten si determinados migrantes liberados con I-220A fueron clasificados bajo la disposición migratoria correcta. El fallo no resuelve directamente que el I-220A sea parole, pero explica qué régimen de detención corresponde a algunos solicitantes de admisión y señala cuál es la excepción legal que permite su liberación.
El 23 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito anuló las decisiones administrativas emitidas contra dos grupos familiares cubanos y devolvió sus expedientes a la Junta de Apelaciones de Inmigración, conocida como BIA. La resolución abrió nuevamente la discusión sobre la autoridad legal utilizada para detener y liberar a personas que recibieron documentos I-220A, pero no declaró que todos esos formularios equivalen a parole ni otorgó residencia automática.
Una decisión del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, emitida el 23 de febrero de 2026, reactivó el debate sobre el procesamiento de ciudadanos cubanos liberados con documentos I-220A. La corte anuló decisiones administrativas que habían descartado determinadas solicitudes de ajuste y devolvió los expedientes a la Junta de Apelaciones de Inmigración, conocida como BIA. Sin embargo, la resolución no declaró que todos los formularios I-220A constituyen parole ni concedió residencia permanente automáticamente.
El 23 de febrero de 2022, USCIS divulgó un procedimiento dirigido a un grupo concreto de ciudadanos o nacionales cubanos cuyas solicitudes de residencia habían sido rechazadas por no demostrar admisión o parole. El aviso incluyó personas inicialmente liberadas por DHS con formularios I-220A o bajo determinadas condiciones de fianza, siempre que cumplieran requisitos estrictos.
La discusión contemporánea sobre si determinados cubanos liberados con formularios I-220A debieron recibir parole se apoya, en parte, en preguntas jurídicas que la Corte Suprema examinó años antes en Jennings v. Rodriguez, expediente 15-1204, resuelto el 27 de febrero de 2018.
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