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La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió por unanimidad el 4 de marzo de 2026 que los tribunales federales de apelación deben aplicar un estándar deferente de evidencia sustancial cuando revisan si los hechos establecidos en un expediente migratorio alcanzan el nivel legal de persecución requerido para el asilo.
La decisión Matter of Q. Li, emitida por la Junta de Apelaciones de Inmigración el 15 de mayo de 2025, se ha convertido en una referencia central para abogados que discuten si determinados migrantes liberados con I-220A fueron clasificados bajo la disposición migratoria correcta. El fallo no resuelve directamente que el I-220A sea parole, pero explica qué régimen de detención corresponde a algunos solicitantes de admisión y señala cuál es la excepción legal que permite su liberación.
El 23 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito anuló las decisiones administrativas emitidas contra dos grupos familiares cubanos y devolvió sus expedientes a la Junta de Apelaciones de Inmigración, conocida como BIA. La resolución abrió nuevamente la discusión sobre la autoridad legal utilizada para detener y liberar a personas que recibieron documentos I-220A, pero no declaró que todos esos formularios equivalen a parole ni otorgó residencia automática.
Una decisión del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, emitida el 23 de febrero de 2026, reactivó el debate sobre el procesamiento de ciudadanos cubanos liberados con documentos I-220A. La corte anuló decisiones administrativas que habían descartado determinadas solicitudes de ajuste y devolvió los expedientes a la Junta de Apelaciones de Inmigración, conocida como BIA. Sin embargo, la resolución no declaró que todos los formularios I-220A constituyen parole ni concedió residencia permanente automáticamente.
El 23 de febrero de 2022, USCIS divulgó un procedimiento dirigido a un grupo concreto de ciudadanos o nacionales cubanos cuyas solicitudes de residencia habían sido rechazadas por no demostrar admisión o parole. El aviso incluyó personas inicialmente liberadas por DHS con formularios I-220A o bajo determinadas condiciones de fianza, siempre que cumplieran requisitos estrictos.
La discusión contemporánea sobre si determinados cubanos liberados con formularios I-220A debieron recibir parole se apoya, en parte, en preguntas jurídicas que la Corte Suprema examinó años antes en Jennings v. Rodriguez, expediente 15-1204, resuelto el 27 de febrero de 2018.
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